Ética Profesional Docente

Al llevar el principio de beneficencia a la docencia, Hirsch retoma a Hortal: «el bien intrínseco de la práctica de la docencia es que los alumnos aprendan». De ahí que el primer deber sea «enseñar, entendiendo la enseñanza como ayudar a aprender», lo que a su vez «presupone saber, haber aprendido lo que se enseña y estar al día en la materia». Su bien propio no es un beneficio personal, sino el aprendizaje del otro y, con él, «la formación de personas críticas».

Hirsch explica que «el principio de autonomía busca corregir la falta de simetría entre quien ofrece el servicio y el beneficiario». El docente, por su preparación y acreditación, «tiene un ascendente sobre sus clientes y usuarios», y esa desigualdad «puede producir abusos, entre ellos el paternalismo». Reconocer la autonomía es, entonces, considerar «que el receptor de los servicios no es un ente pasivo, sino un sujeto protagonista»: alguien capaz de darse sus propias normas.

Entre los principios que Hirsch retoma del National Statement australiano, la justicia se enuncia con nitidez: «se refiere a que los beneficios y [las] obligaciones... se distribuyan de manera equitativa». Aparece junto al mérito y a la beneficencia como cualidad que debe presidir toda relación entre profesional y beneficiario. Como valor, nombra ese ideal de equidad, un reparto sin privilegios ni cargas indebidas, antes de convertirse en reglas concretas de distribución.

Rojas cita a Bazarra, Casanova y García para fijar la meta: estar dispuestos «a engrandecer en todos, y en cada uno de nuestros alumnos... el potencial de inteligencia, de sensibilidad y solidaridad que late en su humanidad». Y concluye: «si educar es humanizar, los educadores somos, en realidad, creadores de humanidad». Por eso critica la «visión chata» que dicotomiza al sujeto y antepone la formación técnica a la humanista. La humanización es el fin bueno que orienta toda la acción docente.

Para Rojas, el ser humano «no es un simple individuo al que se debe proveer de un conjunto de capacidades técnico-procedimentales»; al afinar esas capacidades hay que fomentar «el compromiso con su entorno y con la responsabilidad histórica que le compete», porque «necesita del otro... no sólo para sobrevivir, sino para convivir». Así, el compromiso docente «no es para con una idea abstracta, sino para con el otro, para con ese ser concreto que existe y me interpela como rostro», como diría Lévinas, «y al que hay que escuchar y cuidar». Ese cuidado responsable es la disposición que da sentido al oficio.

El principio «enfatiza la obligación de no infligir daño a otros: por sobre todo, no hacer daño», y «consiste en actuar de manera que no se ponga en riesgo o se lastime a las personas». Hirsch recuerda que el juramento hipocrático ya obligaba a «nunca [usar el tratamiento] para perjudicar[los]». Aunque nace en la medicina, ella lo considera «relevante en el marco de todas las profesiones, incluida la profesión docente», donde la protección abarca tanto el daño físico como el emocional. Como norma, es una prohibición que obliga siempre.

Como el estudiante «no es un ente pasivo, sino un sujeto protagonista», Hirsch deriva de ahí una obligación concreta: «garantizar a todos los individuos... el derecho de ser informados, de que se respeten sus derechos y de consentir antes de que se tomen decisiones con respecto a ellos». Es el consentimiento informado, «claramente estipulado en el Código de Núremberg», cuya «principal justificación consiste en proteger la elección autónoma». La norma traduce el valor de la autonomía en deberes de informar y no manipular.

Hirsch remite al Reporte Belmont (1978), que fijó tres principios para el trato a las personas: respeto, beneficencia y justicia. Esta última se define «consistente en usar procedimientos razonables, no explotadores y bien considerados para asegurarse [de] que se administran correctamente». Trasladada al aula, es la norma que exige repartir beneficios y obligaciones mediante procedimientos equitativos, la puesta en práctica del valor de la justicia.

Rojas parte de que la ética profesional no se agota en «una normativa codificada que compete al gremio»: la profesión «guarda un fundamento eminentemente iluminado por el bien común». Citando a Muñoz, precisa que «el código de moral profesional, inmerso en el código moral más amplio de la sociedad, crea como expectativa más importante la de un ejercicio profesional óptimo y responsable en beneficio del bien común». El código escrito es el piso, no el techo: la norma manda no reducir la ética a su mero cumplimiento.

Quien inicia una carrera, dice Rojas, «establece un compromiso consigo mismo y con el grupo social», y ese compromiso «implica la búsqueda constante de superación y excelencia en la labor..., una constante actualización de los conocimientos y una dignificación permanente de su práctica». En su buen ejercicio «hallará la autorrealización», pero también beneficiará «[a] todos aquellos y aquellas que acudan a la prestación de sus servicios». Formarse y actualizarse es, por eso, un deber sostenido y exigible al docente.